La parlamentaria andaluza de IU se pregunta quién asumirá las responsabilidades si una obra reconocida “a la baja” en el caso Acuamed termina causando daños.

 

La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, ha calificado de “irresponsable” la actitud de la Junta de Andalucía y de manera concreta, de la Consejería de Medio Ambiente, tras reconocer públicamente el consejero, José Fiscal, que la cartera que preside no tiene competencias para fiscalizar las obras de los colectores en Algeciras y que los tribunales dirán lo que consideren al respecto. Cabe recordar que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Guardia Civil en el caso Acuamed, esta obra adjudicada a la empresa Sando podría haberse realizado “en baja temeraria” por un 40% menos del importe previsto para dicho proyecto.

Nieto entiende que “la Consejería no puede quedar al margen de las posibles consecuencias que podrían derivarse de la bajada de calidades en la obra y de los efectos que esta baja temeraria hecha pública y conocida por todos pudiera tener sobre la obra en cuestión”. Así, se pregunta la parlamentaria “quién va a responder si las tuberías terminan reventando o si vuelven a producirse inundaciones en la ciudad”.

A raíz de esta actitud de la administración autonómica, Nieto apunta que “no es de extrañar que las empresas campen a sus anchas y que en este país se pueda hacer cualquier cosa con total impunidad”; una actitud, que según critica la parlamentaria, es extensiva al Ayuntamiento de Algeciras y al propio Estado. “Más allá del curso legal que pueda tener el caso Acuamed, a nosotros nos preocupa los efectos que puede tener en la ciudad una obra realizada en condiciones de precariedad, y lo que es aún más grave, avisada públicamente”.

En este sentido, Nieto tilda de “indulgente e indolente” al Gobierno andaluz por su incapacidad de desempeñar un papel fiscalizador, por lo que anuncia una nueva iniciativa tendente a preguntar por los mecanismos de fiscalización de que dispone la Junta para evitar posibles consecuencias derivadas de obras realizadas en malas condiciones y que pudieran terminar ocasionando algún riesgo para el medio ambiente.

La pregunta realizada hoy por Inmaculada Nieto, se interesaba por la “supervisión que realiza la Junta de Andalucía de proyectos de estas características y qué informes preceptivos ha emitido sobre la primera fase ya realizada de los colectores de Algeciras y cuáles tiene pendiente de emitir”. Así como, “qué medidas puede adoptar la Junta de Andalucía para garantizar la ejecución de las obras con garantías de seguridad y calidad de las mismas tanto durante la construcción como una vez puestas en funcionamiento”.

Tras conocerse la posible “baja temeraria” de las obras de los colectores en Algeciras, la parlamentaria incidía en que “se han sembrado dudas sobre la calidad de la infraestructura, cuya segunda fase está pendiente de informes por parte de la Junta de Andalucía para la elaboración del pliego de condiciones previo a su licitación”.

Nieto ha recordado que la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar firmó un acuerdo de intenciones en abril de 2014 con Acuamed, para la materialización de una serie de proyectos relativos a actuaciones en materia de saneamiento, depuración y reutilización de agua residual generada en los municipios campogibraltareños. Dichos proyectos se corresponden con obras en la EDAR de la Línea de la Concepción, la ampliación de la EDAR de San Roque y colectores de Palmones y otros núcleos del Campo de Gibraltar, la EDAR zona norte de San Roque y Tesorillo, la EDAR de San Pablo en el término municipal de Jimena, junto a los colectores y puntos de vertido en La Línea y los colectores de Algeciras, primera fase, siendo éstos últimos los que ya se encuentran en ejecución, en virtud de un convenio regulador dada la urgencia y necesidad de dicha obra, a consecuencia de las inundaciones sufridas en la ciudad en 2011. El montante total de las obras proyectadas en el Campo de Gibraltar supone una inversión de 100 millones de euros, a financiar con fondos europeos.

“Cabría poner de manifiesto igualmente que la Oficina Europea Contra el Fraude, al hilo de la investigación en curso, está fiscalizando por su parte el destino de un préstamo realizado por el BEI a Acuamed de 500 millones de euros para la realización de quince obras, una de las

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