La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha registrado una pregunta dirigida a la Consejería de Fomento y Vivienda para conocer si tiene previsto aportar alguna solución a los vecinos de la comunidad de propietarios Miguel Castro Merello en El Puerto de Santa María, a los que se les ha aumentado considerablemente el coste a asumir por las obras de rehabilitación de sus bloques de vivienda, pasando del 25% inicial –la Junta asumía el 75%- a tener que abonar más del 60% de la rehabilitación.

La diputada autonómica considera que “la Consejería debe prever algún tipo de medida para compensar las dificultades de los vecinos para afrontar estos costes”, fijados en las bases de la Orden de 28 de abril, mediante concurrencia competitiva, de rehabilitación edificatoria.

Recuerda Nieto que la comunidad de propietarios “Miguel Castro Merello” solicitó el 19 de junio de 2007 la rehabilitación de los bloques situados en la Avenida de Diputación, números 20 al 44, sita en la calle Antonia La Coquinera y Pedro Niño El Brujo, en el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y de la convocatoria de rehabilitación de Edificios. Apunta la diputada que el objeto era “la consecución de una subvención para obras de estabilidad estructural, estanqueidad frente a la lluvia, supresión de humedades y mejoras de las condiciones de ahorro energético”. Se trata de viviendas distribuidas en bloques de dos plantas comunicados entre sí por escaleras interiores y habitadas en su mayoría por personas de avanzada edad.

En la argumentación, Nieto aclara que en agosto de 2008 se emitieron los informes favorables y se procedió a la elaboración del proyecto por parte de la Delegación Provincial, que se aprobó mediante Resolución en agosto de 2009. La Comunidad por su parte, aportó la documentación acreditativa del pago de tasas y licencia de obras, 3.982,75 euros y 10.980,51 euros respectivamente. “A partir de ese momento se inicia la paralización del expediente, al no obtener la Calificación de Rehabilitación ante la falta de disponibilidad presupuestaria”, señala la parlamentaria.

Posteriormente, el 28 de abril de 2015 la Consejería de Fomento y Vivienda aprobó la Orden que contiene las bases para optar a las subvenciones, mediante concurrencia competitiva, de rehabilitación edificatoria. Esta nueva orden, según indica, “supone a los vecinos y vecinas afectadas afrontar más del 60% de los costes, lo que escapa a sus posibilidades y queda muy lejos del compromiso autonómico anterior, por el que la Junta asumía el 75%”. La diputada insiste en que “se trata de personas con recursos escasos y que hicieron en su día el esfuerzo de abonar las tasas y licencia para la rehabilitación de los bloques, sobre los que hay que señalar que estos ocho años de espera han agravado sobremanera su situación”. Por otro lado, recuerda que el expediente inicialmente aprobado quedó paralizado por falta de disponibilidad presupuestaria de la Junta, “un hecho absolutamente ajena a los vecinos, que cumplieron con su parte”.

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