La parlamentaria de IU, Inmaculada Nieto, llevará a la Cámara andaluza la queja presentada por la APDHA de Cádiz ante el Defensor del Pueblo.
La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida por Cádiz, Inmaculada Nieto, llevará mañana a la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento de Andalucía los retrasos en las ayudas al alquiler del programa andaluz de vivienda a raíz de la queja al Defensor del Pueblo Andaluz presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (APDHA). Nieto denuncia que la situación de “emergencia habitacional” que viven miles de familias de la provincia de Cádiz, “no admite demora ni puede satisfacerse con lo que sobre la mesa hay”.

La parlamentaria señala que de acuerdo con la denuncia presentada por Derechos Humanos, el plan es “absolutamente insuficiente”, y recuerda que en ciudades como Cádiz, donde hay contabilizadas 6.452 familias demandando viviendas, no podrán verse satisfechas con las previsiones del Gobierno andaluz, a la vista de que “las ayudas previstas para ese plan no llegan ni para cubrir el 12% de todas las peticiones a nivel autonómico; así que dónde deja esto a las familias gaditanas”.

La pregunta que dirigirá mañana Nieto al consejero del ramo, Felipe López, se centrará especialmente en “la preocupación manifiesta de dónde está el dinero que ya estaba presupuestado para las ayudas al alquiler y que no se ha invertido”, puesto que según recuerda la diputada, “en el año 2014 no se ha hecho ninguna convocatoria pública y en el año 2015 se ha formulado por algo menos de la mitad de lo que estaba previsto si atendemos a los números que aparecen en el convenio que firmó la Junta de Andalucía con el Estado”.

De acuerdo con la queja presentada por la APDHA, en dicho convenio, que data del 15 de septiembre de 2014, se preveían convocatorias anuales para la concesión de ayudas con una financiación estatal de 10 millones de euros, 24,5M€ y 29M€ para las convocatorias de los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. La primera y hasta ahora única convocatoria de ayudas publicada por la Consejería es del 9 de marzo de 2015, con una dotación presupuestaria inferior a la del Convenio de tan sólo 15M€. Conforme a las bases de la convocatoria, la Consejería resolvería la concesión de las ayudas antes del 30 de julio y se abonarían mensualmente para que los inquilinos pudieran hacer frente al pago mensual de las rentas durante el año 2015. Sin embargo, la queja de la APDHA que recoge IU apunta que “pese a las citadas previsiones, aún no se ha resuelto ni abonado ninguna ayuda al alquiler”. Añade asimismo la denuncia, que con fecha 23 de octubre de 2015 se dictan resoluciones de personas beneficiarias provisionales y suplentes para la obtención de las ayudas, estableciéndose un plazo de diez días para presentación y/o subsanación de documentación. Conforme a las mismas, se han concedido 11.950 ayudas provisionales y 7.530 ayudas suplentes. Al día de hoy aún no se han resuelto definitivamente.

Nieto aplaude la queja pública lanzada por la APDHA al plantear “una necesidad que no puede demorarse; hay ciudades como Cádiz, donde la infravivienda es un verdadero problema y donde la situación de renta de esas familias hace que sin ayuda pública sea imposible que tengan unas condiciones dignas de vida”. En este sentido, la diputada autonómica pedirá al titular de Fomento y Vivienda “que clarifique las cuentas, nos den explicación razonada y razonable de por qué no ha habido ayuda al alquiler en el año 2014 y nos expliquen qué otro destino van a dar al dinero que no se ha invertido en eso”. Para la parlamentaria, “hay una tibieza exasperante por parte de la Junta con la solución de algo que no tiene demora”.

Marinería en puertos andaluces

IU preguntará mañana también al consejero de Fomento y Vivienda por la situación del servicio de marinería de determinados puertos gaditanos de titularidad autonómica tras la adjudicación del servicio a la empresa BCM. Nieto recuerda que en puertos dependientes de la Agencia Pública Puertos de Andalucía, como los de Barbate, Conil de la Frontera, Sancti-Petri, Gallinera (San Fernando) y Rota, actualmente no se está prestando este servicio debido a diversos problemas en la adjudicación del servicio y al conflicto laboral existente.

Denuncia que “lo que de manera natural debería haber sido una subrogación de la plantilla que antes prestaba servicio para la anterior concesionaria, la empresa Alvac, acabó en despidos declarados ahora por la justicia como despidos improcedentes, al menos ocho ya con sentencias firmes”. Cabe recordar que la parlamentaria ya denunció públicamente que “para los trabajadores que denunciaron y a los que la justicia ha dado la razón declarando improcedentes los despidos, la Junta ha decidido indemnizarles en lugar de readmitirlos, indemnizarles y sacarse de encima a los trabajadores problemáticos, a los sindicalizados, a los que han levantado la voz contra estos abusos”, por lo que tachó la decisión de “persecución sindical”.

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