Cartel STOP TTIPPlantea propuestas para que Andalucía blinde realmente los servicios sociales y muestra el rechazo al Acuerdo de Libre Comercio negociado “en secreto” entre la UE y los EEUU.
Izquierda Unida defenderá mañana en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz una moción encaminada a trasladar desde la provincia de Cádiz a la Junta de Andalucía una serie de propuestas para que se incluyan en el texto de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, ya que, según apunta el diputado de IU, Antonio Alba, “si esta ley no se modifica sustancialmente, dudamos que se vaya a conseguir que Andalucía sea la primera comunidad autónoma que blinde por ley los servicios sociales, tal y como pretende vendernos el Gobierno andaluz”.

En este sentido, la moción de IU plantea como fundamental que la financiación de los servicios sociales especializados “debe ser ampliamente pública, dejando la posibilidad de incorporación de la iniciativa privada, cuando se justifique su necesidad, de manera subsidiaria y primando la iniciativa social por encima de intereses empresariales”. IU plantea que se pongan en marcha las medidas legislativas y presupuestarias necesarias para eludir la limitación impuesta por el Art. 135 de la Constitución, “por ser esta la única manera efectiva y real de blindar realmente la prestación de los servicios sociales comunitarios y especializados en Andalucía”.

Junto a ello, la obligatoriedad de un consejo provincial como mínimo y otro local por cada zona de servicios sociales y la fijación de unos mínimos de representación para que incluyan a los colectivos ciudadanos y a los movimientos sociales; establecer protocolos de coordinación con las consejerías de Educación y Justicia; plazos y financiación para la puesta en marcha de herramientas como la Tarjeta Social, la elaboración de la Historia Social o el Informe Social y finalmente, IU propone que la nueva Ley recoja el compromiso de que las solicitudes para cobrar el Ingreso Mínimo de Solidaridad se resuelvan en un plazo no superior a dos meses –en la actualidad el plazo se sitúa en los nueve meses.

Contra la liberalización de servicios públicos

IU pedirá mañana al Pleno de la Diputación Provincial que declare a la provincia de Cádiz “opuesta al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social”. Para ello, la moción incluye además que se solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles, así como al Ministerio de Economía, reclama la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares (como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y UE o el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos).

El diputado provincial de IU denuncia que el TTIP, “supone un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos en materia de sanidad y educación, del medio ambiente, los derechos digitales como consumidores, al anteponer el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales al interés general”. Así, apunta Alba que entre los principales perjuicios se encuentra la inclusión de la cláusula de solución de controversias Inversionistas-Estado, “la temida ISDS, que permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos (local, regional, estatal) ante tribunales privados en caso de que se perjudiquen los intereses y beneficios que estimen de manera subjetiva, lo que limita todavía más la capacidad de las administraciones públicas para aplicar leyes en las áreas de salud pública, de medioambiente y protección social”.

IU alerta asimismo, sobre otro de los objetivos primordiales del TTIP, “la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las empresas transnacionales, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las administraciones públicas”.

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