La formación de izquierdas advierte que, con esta medida, desarrollada a través del reparto a ONG, no sólo se eluden los mecanismos de control de las administraciones públicas, sino que se podrían vulnerar derechos de los ciudadanos

Izquierda Unida ha mostrado su rechazo al nuevo “Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el Covid-19” anunciado por la Junta de Andalucía, ya que entiende que es una medida que, “no sólo podría vulnerar los procedimientos administrativos de fiscalización y ciertos derechos de la ciudadanía, sino que va a contribuir a estigmatizar a las familias que más están sufriendo esta crisis con una tarjeta monedero que se va a convertir en la marca de la pobreza”, apunta el responsable de Política Institucional de IU Cádiz y diputado provincial de Adelante Andalucía, Hugo Palomares.

Dicho programa, dotado con un presupuesto de 17 millones de euros, pretende crear una tarjeta monedero que será asignada a familias afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la crisis del coronavirus, y con la cual, podrán adquirir productos básicos de alimentación e higiene predeterminados por la propia Junta. Para ello, el Gobierno andaluz distribuirá subvenciones entre distintas ONG para que procedan al reparto de las mismas a los beneficiarios.

En este sentido, Palomares ha declarado que, “si bien son tan bienvenidas como necesarias todas las ayudas procedentes de la administración autonómica, las asignaciones de las ayudas económicas para la adquisición de este tipo de productos de primera necesidad ya las realizan los servicios sociales de los ayuntamientos, que son quienes tienen la competencia para prescribir este tipo de ayuda, según se estipula en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía”.

Además, el diputado provincial de Adelante Cádiz, afirma que “es dudoso que el sistema propuesto por la Junta garantice los derechos de igualdad de acceso a las ayudas, transparencia o protección de datos de los solicitantes, por no hablar de las dificultades que supondría para la fiscalización de las ayudas, los retrasos burocráticos por la duplicidad de funciones o de lo indigno que es el privar a las familias de su capacidad de decisión sobre los productos a adquirir”.

Es por ello que Palomares solicita al Gobierno de Moreno que adopte otra serie de medidas y utilice herramientas que tiene a su disposición para facilitar que los ayuntamientos dispongan de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades urgentes de sus vecinos, como pueden ser un adelanto extraordinario a los municipios de la PATRICA, la puesta en marcha, junto a la Diputación de Cádiz, de un Plan Especial de Empleo o la activación inmediata del Plan SIGA (Solidaridad y Garantía Alimentaria), medidas que fueron planteadas por los alcaldes de IU en el Foro de Alcaldías de Diputación y que han sido incluidas en el documento entregado esta misma semana a la presidenta provincial por la portavoz de IU, Carmen Álvarez.

Para finalizar, el diputado provincial ha querido dejar claro tanto su apoyo personal como el de IU a “la magnífica y necesaria labor solidaria que realizan las ONG, a las que hay que poner en valor”; así como destacar la importancia que tiene el hecho de que trabajen de manera coordinada con la administración y los servicios sociales de las entidades locales, ya que su labor es complementaria, pero en ningún caso ve razonable que dichos servicios públicos sean sustituidos por éstas en la gestión de los recursos públicos, tal y como ha criticado recientemente el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz en una misiva enviada a los alcaldes de los ayuntamientos de la provincia.

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