La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, considera que la institución provincial “puede y debe desempeñar un papel clave en la formación, educación, sensibilización y acción sobre el necesario freno a las emisiones de CO2”

La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, ha registrado una moción en la Diputación Provincial de Cádiz por la que solicita a esta institución que se adhiera a la Declaración de Emergencia Climática, que implique “compromisos políticos reales y vinculantes”, así como “un plan de acción vinculante capaz de garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, de cara a limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 ºC”. Álvarez entiende que la Diputación de Cádiz “se debe comprometer a iniciar un proceso de transformación económica y social” para lograr una serie de objetivos en materia de sostenibilidad energética.

En este sentido, la moción que defenderá IU contempla un extenso paquete de medidas encaminadas a lograr resultados de ahorro y de un consumo energético sostenible en la provincia de Cádiz y tiene como pilar la concienciación de la ciudadanía.

De esta manera, la proposición contempla acciones como que “se establezcan los compromisos políticos, dictar las normativas y desplegar los recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero de al menos el 40 % no más tarde de 2030, para poder conseguir el balance neto de cero emisiones en 2040”.

De igual forma, plantea que se trabaje en el abandono progresivo de los combustibles fósiles, llegando a un 42% de cuota de energías renovables en el año 2030. Para ello, la moción demanda a la Diputación la “elaboración, aprobación y ejecución de un Plan Provincial Contra el Cambio Climático, al que está obligado por la Ley Andaluza de Medidas frente al Cambio Climático”. Propone IU el fomento del autoconsumo eléctrico con renovables, así como una movilidad sostenible lo ante posibles, creando espacios peatonales, además de “conservar y proteger la naturaleza especialmente en la franja litoral y poner en marcha campañas de reforestación, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, asegurar el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos y de información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo y vertido cero, afianzar la compra pública sostenible o evitar los bancos con los que trabaja la Diputación que financien proyectos basados en combustibles fósiles”.

La diputada de IU solicita, asimismo, que se avance, entre otras medidas, hacia “una economía local y de proximidad, que impulse la soberanía alimentaria, la agricultura y ganadería ecológicas y evite el derroche de alimentos” y se inicie “la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática, con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la escasez de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones del calentamiento global”.

Álvarez entiende que “la Diputación Provincial de Cádiz puede desempeñar un papel clave en la formación, educación, sensibilización y acción sobre el necesario freno a las emisiones, realizando una obligada adaptación a las consecuencias más nocivas del incremento de la temperatura global”, para lo que debe “asumir compromisos de reducción de CO2 de al menos un 40% para la próxima década, como han acordado ya ayuntamientos de la provincia como los de Cádiz, Puerto Real o San Fernando, algo que además, es un imperativo ético”, concluye.

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