• El diputado provincial y alcalde de Bornos, Hugo Palomares, alerta del peligro de desaparición del olivar tradicional y del modelo de producción familiar de pequeños productores de la comarca que dan trabajo a cientos de vecinos de la Sierra y sitúa a las grandes cadenas comercializadoras como responsables de la caída de precios, que hace que “no se puedan cubrir ni los costes de producción”.

El diputado provincial de Adelante, Hugo Palomares, llevará al próximo pleno de la Diputación Provincial de Cádiz una moción en defensa del olivar de montaña de la Sierra de Cádiz, que atraviesa una difícil situación ante la caída de precios de este producto. El también coordinador comarcal de IU en la Sierra de Cádiz y alcalde de Bornos, ha llamado la atención sobre la “alarma lanzada por los propios olivareros de nuestra comarca, que ante la caída del precio del aceite de oliva de calidad, han visto reducidas considerablemente sus rentas, al no poder cubrir ni siquiera los costes, lo que dirige al sector de manera irremediable al abandono del olivar y a la pérdida de miles de jornales en la Sierra de Cádiz”.

Palomares afirma que esta situación puede “llevar a la ruina a miles de familias y a pueblos enteros de la comarca” y apunta que, “tal como señalan los propios olivareros y las organizaciones agrarias, la responsabilidad recae en las grades distribuidoras y cadenas, que han machacado los precios del aceite de oliva”.

El diputado provincial considera que “la Diputación de Cádiz debe tomar cartas en el asunto y posicionarse sobre este grave problema”. Así, solicita que se inste al Gobierno de la nación en funciones a “destinar los recursos necesarios para dotar un Plan Extraordinario de ayudas al sector del olivar de montaña de la Sierra de Cádiz que sorba para paliar los efectos de la caída de los precios de este producto”, así como para que “solicite ayudas de la PAC acoplada al olivar de montaña, que compense las pérdidas económicas que se están dando en esta campaña”. De igual modo, pide al Pleno que solicite a las direcciones comunitarias de Agricultura y Competencia de la CE a “autorizar la autorregulación del sector oleícola”, y a la Comisión Nacional de la Competencia a que “investigue la situación del mercado del aceite de oliva en nuestro país, y a crear una agencia específica del aceite de oliva que certifique la calidad y pureza, y garantice su trazabilidad”.

El coordinador comarcal de IU en la Sierra mantiene contactos estrechos con el sector olivarero de la Sierra y muestra la “especial preocupación de nuestra formación política por un sector estratégico necesario para la comarca de la Sierra”. Palomares resalta en la moción registrada la importancia de las cuatro cooperativas olivareras situadas en la Sierra, ubicadas en Algodonales, Olvera, Setenil y Alcalá del Valle, “que tienen detrás a cientos de pequeños propietarios, a los que tienen que liquidar la campaña 2018-2019 y en la que perderán más de un euro por kilo de aceite de media”.

Alude al ejemplo de la cooperativa de Algodonales, que “da cobertura a 1.500 agricultores de varios pueblos y donde se vendía la garrafa de cinco litros de aceite virgen extra hace poco más de medio año a 23 euros, cuando hoy está a 17,90 euros; es decir, por debajo de los costes de producción de las cosechas”, una bajada que responde a la guerra de precios visible en los lineales de las grandes superficies comerciales, tal y como indica el sector. A esta situación se une el hecho de que los grandes grupos de presión ya han comprado la producción que habrá dentro de siete años en las plantaciones del olivar súper intensivo, así como la entrada de miles de toneladas de aceite del exterior y la falta de control y regulación para detectar que lo que hay dentro de la botella se corresponde con lo que dice en la etiqueta del producto.

Lamenta el diputado provincial, finalmente, que “en los últimos cinco años se han puesto en producción otras 100.000 hectáreas de olivos, casi todas en un modelo intensivo”, un modelo “en manos de grandes grupos productores que sí que cubre los costes de producción con sus precios, mientras que pone en peligro el modelo de producción familiar y el olivar tradicional, por lo que parece evidente que se está produciendo un movimiento especulativo en el sector provocado por los siete grupos de distribución, en cuyas manos acaban las 1.750 almazaras con 1.305 comercializadoras”. “Con esta estructura, y sin capacidad de los productores para incidir en la cadena alimentaria, la solución de más exportación con más hectáreas de producción intensiva solo perjudica a la producción familiar”, culmina.

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