• La parlamentaria de Adelante Andalucía respalda las quejas de los alcaldes de Castellar, Jimena y Tesorillo y critica que una compañía que ha ganado más de 1.300 millones de euros de beneficios quiera prescindir de una oficina que atiende a cuatro localidades y que , entre otros asuntos, gestiona el bono social, “dirigido a personas con cierta vulnerabilidad que precisan de una atención presencial”.

La parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha anunciado una pregunta en comisión dirigida a la Consejería de Salud y Familias de cara a conocer qué contactos ha mantenido con la compañía Endesa “para tratar de impedir el cierre de su oficina en San Roque y qué medidas va a adoptar para evitar el perjuicio que el referido cierre puede causar a las personas consumidoras de este municipio y de Jimena, Castellar y El Tesorillo”. Nieto lamenta el anuncio de cierre de dicha oficina a partir del próximo 31 de marzo y advierte de “las consecuencias que va a tener para muchas personas que no disponen de medios para desplazarse hasta Algeciras, donde se encuentra la oficina más cercana, o para realizar trámites vía telemática, ya que entre otros asuntos administrativos, esta oficina gestiona el bono social para estos municipios”.

Nieto considera “sangrante que una compañía que ha obtenido más de 1.300 millones de euros en beneficios elimine un servicio necesario en el que se presta atención a cuatro localidades” e insiste en que “muchas personas usuarias necesitan el asesoramiento presencial que se presta en las oficinas y de manera especial, las personas mayores y de escasos recursos, que quedan desprovistas de un servicio al que no pueden o no saben acceder de otra manera, causando un nuevo perjuicio a localidades en las que muchas familias necesitan atención para poder beneficiarse de ayudas a las que tienen derecho en atención a su vulnerabilidad”.

La parlamentaria andaluza y portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Salud y Familias ve “inadmisible” que la compañía pretenda argumentar, para justificar el cierre, que se trata de medidas de eficiencia económica, “cuando obtiene los beneficios ya conocidos” y afirma que “la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en consumo, tiene mucho que decir al respecto”, por lo que entiende que “la Junta debe presionar a Endesa para que mantenga esta oficina, y en caso de que finalmente cese su actividad, debe reforzar la información que precisa la ciudadanía para gestionar asuntos de tanta importancia como el bono social”.

Nieto respalda las quejas de los alcaldes de Castellar, Juan Casanova, de Jimena, Fran Gómez y de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, que se han dirigido a Endesa para pedir explicaciones y para exigir que no se cierre dicha oficina de atención por considerarlo “injustificado”, una demanda que no ha obtenido respuesta de la empresa hasta el momento, según los propios alcaldes.

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