Alcaldes y concejales de Izquierda Unida de la provincia de Cádiz han mostrado hoy el rechazo rotundo de la formación política a la nueva tasa de basura que pretende poner en marcha el Consorcio Bahía de Cádiz, que afectará a usuarios particulares y a empresas y que salvo sorpresa de última hora, podría quedar aprobada en la reunión del Consorcio prevista para el próximo miércoles. Esta subida, según han denunciado hoy los cargos públicos de IU, supondrá un coste anual de 50 euros para todos los usuarios domésticos y de entre 105 y 1.225 euros para las empresas -en función de valores como el IAE y de los metros de superficie.

“Se trata de un nuevo impuesto a todos los usuarios del ámbito del Consorcio y que engloba a gran parte de la Bahía de Cádiz, a la zona de la Campiña gaditana y a la Sierra de Cádiz”, ha explicado el primer teniente de Alcalde de Medina Sidonia y representante de IU en la comisión de negociación de la tasa, Santiago Gutiérrez; “una tasa que se quiere aprobar sin la suficiente información y de espaldas a la ciudadanía que se va a ver afectada por esta subida, en contra de los intereses de los usuarios”. Así, “todos los municipios que vertemos residuos sólidos urbanos en el complejo de Miramundo tendríamos que asumir esta nueva tasa consorcial con la que usuarios y empresas van a tener que abonar directamente, además de la tasa que se paga al municipio por la recogida de basura, una nueva tasa encaminada a financiar el transporte, la transferencia y el tratamiento en esta planta de reciclaje”.

El coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías, ha señalado que IU va a emitir un “no rotundo” a esta tasa calificada como “coercitiva”, porque según indicó, la intención del Consorcio es ponerla en práctica “sí o sí” y “con la amenaza de expulsión del Consorcio de aquellos ayuntamientos que voten en contra, algo que es absolutamente incompatible con la redacción de sus propios estatutos; a nosotros como ayuntamientos nadie nos puede expulsar del Consorcio y mucho menos por una decisión política”.

Hasta este momento, muchos ayuntamientos cubrían parte del coste de estos servicios mediante transferencia y aportaciones directas; ahora serán los ciudadanos y comerciantes los que paguen directamente. IU entiende que “este no es el momento” para imponer una tasa que “puede dar la puntilla a muchos comerciantes y afectar gravemente a la economía de las familias en tiempos aún de crisis”. Por ello, la formación política ha hecho una serie de propuestas que no han sido tenidas en cuenta, como la de que la tasa tenga criterios sociales, como “bonificaciones a las rentas bajas” y medioambientales, “porque no puede pagar igual el ayuntamiento que quiere ensuciar menos”, además de “un criterio económico claro”. Pero además, Santiago Gutiérrez alerta de que la tasa se presenta “en déficit, es decir, no va a cubrir el coste del servicio de transferencia, transporte y tratamiento”, lo que significará una nueva subida a la larga.

El coordinador provincial ha indicado que IU hace hoy público su “no fiero” a la aplicación de esta nueva tasa de basura pero ha recordado que IU lleva ya “cinco años intentando parar esta tasa que ya se nos planteó con el anterior equipo de Gobierno”. En aquel momento, IU logró frenar esta medida pero para “sorpresa nuestra”, ahora se ha anunciado de manera “coercitiva”. Macías entiende que los ayuntamientos deben seguir siendo quienes paguen este servicio de sus propios recursos y ha calificado de auténtica “barbaridad en una provincia con altos índices de precariedad y de niveles de paro, que una familia gaditana del ámbito del Consorcio tenga que pagar 50 euros más anuales y que cualquier negocio tenga que pagar de 105 a 1.200 más”.

El dirigente provincial de IU ha considerado “injusta” e “injustificada” la excusa de que la tasa pretende hacer frente a la deuda que mantienen muchos ayuntamientos con la empresa que gestiona este servicio, Biorreciclaje, SA, puesto que no todos los ayuntamientos gestionan de igual forma su deuda y porque el propio Consorcio no ha puesto en marcha alguno de los mecanismos que tendría para exigir esta deuda. Para IU, esta justificación es una simple “excusa para hacerse con el cobro directo de la tasa” y una medida que va a terminar afectando gravemente a las familias y a los pequeños negocios.

Macías resaltó además, que “no somos los únicos que estamos contra esta tasa consorcial”, sino que esta postura contraria es compartida por ayuntamientos como el de Cádiz y Puerto Real, que han anunciado ya su voto en contra; además de muchos otros ayuntamientos de distinto color político y que “tendrán que votar con la boca chica”. Macías apuntó finalmente, que ahora “era el momento de hacerlo público, ya llevamos más de cinco años luchando contra esta tasa y no estamos dispuestos a que esto pase desapercibido, aunque al final salga aprobada y sin que quede clara la negativa de IU a la aplicación de esta tasa consorcial”.

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