La parlamentaria andaluza de IU por Cádiz y portavoz de Salud en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha realizado hoy una valoración de la auditoría realizada por el Servicio de Inspección Sanitaria de la Delegación Territorial de Salud sobre la Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Puerta del Mar, fruto del acuerdo parlamentario adoptado a raíz de las supuestas deficiencias que presentaba dicho servicio. Nieto ha detallado una serie de “fallos” detectados por la citada auditoría que se traducen, entre otras conclusiones, en “reingresos por encima de la media, tratamientos inadecuados por encima de la media y en la detección de margen de mejora en los protocolos de algunas de las intervenciones; está encima de la mesa que en el Servicio de Cirugía del Puerta del Mar existen problemas”. La parlamentara ha indicado que la auditoría deja constancia de que “hay que profundizar más, hay que hacer un estudio más detenido de estos elementos y aquellos que están perfectamente detectados, necesitan medidas de mejora y su análisis”. Además, apunta Nieto que con independencia de los datos estrictos referentes al Puerta del Mar, la auditoría refleja “una relajación generalizada en los protocolos” de los diferentes centros de salud.

La portavoz de Salud ha desgranado algunos de los principales “errores” incluidos en las conclusiones de la auditoría, alusivos de manera especial a fallos administrativos en la transcripción de historiales que impiden determinar posteriormente las causas de altas prematuras o de los reingresos por encima de la media detectados por el informe, así como fallos en los tratamientos postquirúrgicos. Para Nieto, “lo primero es reconocer con toda normalidad que hay una serie de irregularidades en el servicio; es fundamental que estén localizados los problemas y que éstos se solucionen”.

La parlamentaria ha anunciado hoy mismo una petición de comparecencia de la consejera de Salud para que valore la auditoría una vez que se restablezca el próximo periodo de sesiones en septiembre y se expliquen las medidas que ya están adoptándose en el hospital. Por otra parte, IU solicitará que se realice una auditoría sobre esta misma Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo relativa al año 2016, de cara a “establecer una comparación y verificar si las medidas que ya se han puesto en marcha han empezado a dar resultado”. Posteriormente, cuando se cierre el periodo 2017, “pediremos lo mismo, para tener una evolución”, que además solicitará que se haga extensivo al resto de centros andaluces, a la vista de las “fallas” detectadas de manera generalizada.

Nieto considera que “esta auditoría –la relativa a los años 2014-2015- debiera haberse dado a conocer con toda normalidad por parte del SAS” y entiende que “el oscurantismo con el que se ha gestionado este proceso ha acrecentado la preocupación de la ciudadanía de manera innecesaria, ha puesto en el punto de mira a los profesionales del hospital sin necesidad y además, ha puesto en evidencia que los mecanismos internos con que cuenta el hospital cuando se detecta alguna situación problemática no han funcionado”. Así, la portavoz de Salud aludió a la existencia de la Comisión Morbi Mortalidad, existente no sólo en el Puerta del Mar, sino en todos los hospitales, que “precisamente está para eso, cuando se detecta un problema o la sospecha de que pudiera haberlo, es un mecanismo interno de verificación de los protocolos, de verificación de la praxis que permite sin ningún tipo de repercusión pública ni alarma generalizada, adoptar medidas y esa comisión no se ha utilizado”. Por el contrario, indica Nieto que “para llegar a las conclusiones del auditor, este proceso ha requerido de una denuncia, ha requerido un proceso judicial y ha requerido – por parte de IU- solicitar los datos de esta auditoría y pedir amparo a la presidencia de la Mesa porque estos datos no se facilitaban”. A su juicio, “esta falta de transparencia y oscurantismo ha puesto el foco sobre nuestro hospital”.

Entre los fallos constatados en la auditoría, la parlamentaria ha citado la “incorrección generalizada en la codificación del historial de los pacientes”, lo que significa que “hay una transcripción no literal del proceso que vive el paciente cuando está ingresado, es decir, no se reflejan bien las razones por las que ingresó”. Esta cuestión, según Nieto, no es menor, puesto que “impide fijar cuáles son los procesos cirugía mayor ambulatoria de los de cirugía general, y esto es necesario, porque nos podemos encontrar con episodios de altas prematuras, algo que parece confirmar la auditoría cuando se detallan los reingresos”. Apunta la parlamentaria, que “se detecta en definitiva, una mala traducción en términos administrativos al historial del paciente, que impide verificar si ha habido alta prematura y que impide determinar con precisión la patología que le ha llevado al hospital, lo que a su vez arroja dudas sobre si el tratamiento aplicado es el correcto”.

La auditoría refleja asimismo, “un volumen importante de casos en los que la profilaxis antibiótica –la que acompaña al paciente para su restablecimiento- no es la adecuada”. Concretamente, aportó el dato de que “en un 50% de los casos, no se ha garantizado el tratamiento adecuado y de aquí, la mitad no se ha adecuado al protocolo”. Por otro lado, Nieto ofreció también el dato de la auditoría en el que se detalla que de los reingresos de enfermos en el primer mes desde que reciben el alta, aproximadamente el 40% están relacionados con la revisión o con alguna complicación de la herida quirúrgica, sea derivada de una infección o de un cierre deficiente de esa herida; otro 40% reingresa pero no tiene que ver con el tratamiento quirúrgico que recibió y otro 20% que reingresa por un motivo derivado de la intervención pero no relacionado con la herida.

Para la portavoz de IU, “todos estos problemas los tiene que abordar el hospital y localizar su origen, pero lo primero es reconocer con toda normalidad que hay una serie de irregularidades en el servicio”. Preguntada sobre las posibles responsabilidades, Nieto apuntó que esta misión recae en el SAS, aunque apuntó que sería necesario “analizar quién no ha hecho qué”.

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