Izquierda Unida defenderá el próximo miércoles en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz una moción para que se inste al Gobierno central a la puesta en marcha de un nuevo sistema agrario que aporte “dignidad” a las jornaleras y jornaleros de Andalucía y venga a aunar en uno solo el subsidio y la renta agraria, “que no incremente los costes para el empresariado e incentive las cotizaciones a la Seguridad Social y la contratación de manera más eficiente y transparente”. Concretamente, la moción contempla la eliminación del sistema de Renta Agraria del año 2003 y la inclusión de Agrarios de la Seguridad Social en una única prestación nueva denominada Subsidio Especial Agrario para trabajadores residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

El diputado provincial de IU Cádiz, Antonio Alba, insiste en la necesidad de derogar la reforma introducida en el sistema agrario porque “como ha quedado en evidencia tras trece años de vigencia, ha limitado derechos o los ha recortado por un lado, y por otro, se ha demostrado su ineficacia, con los perjuicios para las personas del medio rural y creando desigualdad dentro del sector agrícola a la hora de acceder al sistema”. Apunta el diputado de IU que tras la entrada en vigor de la reforma de 2013, la situación del Régimen Agrario “no ha mejorado, sino todo lo contrario; se han endurecido las condiciones en el trabajo agrícola, se han recortado derechos, ha disminuido el número de jornales efectivos y han entrado en juego formas jurídicas como las ETT y empresas de servicio, que han redundado en la reducción de derechos y en la merma de las condiciones laborales de los/as trabajadores/as de este sector”.

Así, IU propone en la moción que en lo referente al mínimo de jornadas reales necesarias para acceder al subsidio, quede eliminado el requisito de acreditar jornadas reales y la creación de “una nueva fórmula que evite el fraude con la compra de peonadas y sirva de incentivo al trabajo”. Asimismo, incluye que en caso de invalidez de trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios en sus distintas modalidades, no se necesite la exigencia de la firma de un empresario para acceder a la prestación correspondiente de la Seguridad Social mientras se está en paro, sino que sea un facultativo del sistema público de salud quien determine la situación de baja, si el trabajador cumple los requisitos de estar al corriente de las cotizaciones de la SS.

Finalmente, IU reclama una mejora de los cursos de formación ocupacional que se ejecutan a través de los ayuntamientos o entidades colaboradoras y apunta que “la formación debe ser diseñada en función de las características de la zona y con el objeto de ofrecer conocimientos que puedan ayudar a la gente en otras ocupaciones, entra las que se pueden contar el fomento de buenas prácticas agrícolas, gestión forestal, conocimiento de otros cultivos para una diversificación de la zona, trabajos en reforestación, recuperación de zonas incendiadas, gestión de residuos, etc”.

Alba dedica un especial apartado en el argumentario a la situación de la mujer jornalera y la “invisibilidad” de este colectivo, que “históricamente viene sufriendo una doble explotación”. Denuncia que “la falta de reconocimiento social y la carencia de una categoría laboral, al no estar afiliadas a ningún Régimen de la Seguridad Social, hicieron que las mujeres en el campo andaluz se convirtieran en el colectivo invisible, situación que en gran medida, se sigue manteniendo”.

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